Cámaras de radar: El debate entre privacidad y seguridad nacional

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El avance de las cámaras de radar:

Lo que se convirtió en norma en Alemania está convirtiéndose en tendencia en muchas ciudades alrededor del mundo: la instalación de cámaras de “luz roja”, que fotografían vehículos que supuestamente cruzan semáforos en rojo o señales de stop, y luego, utilizando la matrícula, encuentran la dirección del propietario y le envían una multa.

Las cámaras de radar, también conocidas como foto-radar o reconocimiento automático de matrículas (ANPR), se introdujeron originalmente para disuadir el exceso de velocidad y evitar accidentes de tráfico. Estos dispositivos utilizan tecnología avanzada para capturar imágenes de vehículos que superan el límite de velocidad, posteriormente se emiten multas. Los defensores argumentan que el uso de cámaras de radar ha demostrado ser eficaz para aumentar la seguridad vial y reducir el número de muertes en el tráfico.

Las técnicas de vigilancia estatales y privadas, desarrolladas para un propósito específico, rara vez se limitan a ese propósito, y cada ampliación de una base de datos y cada nuevo uso de los datos abre la puerta a más y más violaciones de la privacidad.

Sin embargo, muchos sistemas de cámaras de luz roja se han instalado bajo contratos que brindan al contratista una parte de los ingresos de las multas. Esto crea un incentivo evidente para que los contratistas “manipulen” el sistema para aumentar los ingresos, lo que a su vez conduce al cinismo y la desconfianza del público. Tales contratos de recompensa son una burla al ideal de la justicia desinteresada y socavan el esfuerzo por la seguridad vial.

Se han planteado preguntas legítimas sobre la selección de las intersecciones donde se han instalado estas cámaras y sobre el tiempo de los semáforos amarillos en esas intersecciones, y si estas decisiones se tomaron para aumentar la seguridad vial o maximizar los ingresos por multas.

Las principales preocupaciones se centran en la recopilación y almacenamiento de datos personales, incluidas las informaciones de matrículas y los movimientos del vehículo. Los críticos argumentan que esta vigilancia infringe el derecho a la privacidad del individuo, ya que cada uno de sus movimientos en las vías públicas es monitoreado y revisado.

Las preocupaciones sobre la protección de la privacidad relacionadas con el uso de cámaras de radar abordan la tensión entre los avances tecnológicos en la vigilancia y la protección de las libertades individuales. Mis preocupaciones se centran en 3 aspectos clave:

  1. Monitoreo y seguimiento constantes:
    Las cámaras de radar son básicamente ojos omnipresentes en las carreteras, capaces de monitorear continuamente los movimientos de los vehículos. La vigilancia constante infringe el derecho fundamental de moverse libremente sin ser injustamente monitoreado. La idea de que cada viaje de un vehículo sea registrado plantea preocupaciones sobre la posible creación de perfiles de viaje complejos para las personas.

A diferencia de la participación en ciertos servicios, la vigilancia constante en las vías públicas deja a los conductores poco margen para controlar la recopilación y uso de sus datos personales, lo que plantea la cuestión de la voluntariedad de tal vigilancia.

2. Datos de localización y patrones de comportamiento:
La recopilación de matrículas y movimientos de vehículos permite crear datos detallados basados en la ubicación. Los críticos sostienen que esta información podría abusarse para construir patrones de comportamiento complejos que posiblemente revelen detalles sensibles sobre el horario diario, los hábitos y el estilo de vida de una persona. Este tipo de vigilancia va más allá del control de infracciones de tráfico e invade el ámbito de la privacidad.

3. Almacenamiento y seguridad de datos:
La larga retención de datos recopilados por cámaras de radar plantea preguntas sobre la seguridad de esta información. Los defensores de la privacidad argumentan que el almacenamiento de datos tan sensibles por un período prolongado aumenta el riesgo de acceso no autorizado, ataques de hackers o abuso. Las preocupaciones sobre violaciones de datos que podrían exponer el historial de viaje u otra información personal son otro nivel en el debate sobre la privacidad.

Perspectiva de seguridad nacional:

Por otro lado del espectro, los defensores de las cámaras de radar enfatizan su papel crucial en la seguridad nacional. Los datos recopilados por estos dispositivos pueden ser útiles en diversas medidas de aplicación de la ley, como el rastreo de vehículos robados, la identificación de sospechosos en investigaciones criminales y la gestión del flujo de tráfico en eventos importantes. Los defensores argumentan que renunciar a cierto grado de privacidad es un pequeño precio a pagar por el bien mayor de la seguridad pública.

Sin embargo, la tecnología no es infalible, todo lo contrario, y entre las empresas externas que ganan dinero con las multas emitidas, las preocupaciones de privacidad y la intensa luz en sus ojos mientras conducen, es muy difícil encontrar mejores argumentos que decir: los gobiernos necesitan dinero.

El caso inglés

En 2019, se informaron varios fallos de cámaras de radar en Londres, lo que generó dudas sobre la precisión del sistema de control automático de la ciudad. La controversia surgió cuando una cantidad considerable de conductores impugnó multas que recibieron debido a las lecturas de cámaras defectuosas.

Los problemas reportados incluían fallos técnicos y errores de calibración que resultaron en mediciones de velocidad incorrectas. En algunos casos, los conductores recibieron multas por supuestas infracciones de velocidad, aunque estaban dentro de los límites legales.

Esto provocó una protesta pública en la que los conductores afectados y los grupos de interés exigieron una investigación exhaustiva del asunto. Las preocupaciones no solo se referían a multas individuales, sino también a la confiabilidad e integridad general de la red de cámaras de radar.

El incidente llevó a las autoridades locales a una revisión exhaustiva de las cámaras afectadas y la implementación de medidas inmediatas para corregir los fallos técnicos y recalibrar los dispositivos. Además, se introdujeron medidas de transparencia para informar al público sobre las acciones correctivas adoptadas y restaurar la confianza en el sistema automatizado de control de velocidad de la ciudad.

Pero no mejoró, ya que se espera que a partir del 29 de agosto los conductores en Londres paguen 12,50 libras por día por conducir en el área metropolitana si sus vehículos no cumplen con ciertos estándares ambientales, lo que llevó a algunos activistas a tomar el asunto en sus propias manos y destruir las cámaras monitoreadas.

Esto dificulta a las autoridades locales mantener la confianza del público en la precisión y equidad de los sistemas de control automáticos.
Mientras el debate se intensifica, los gobiernos y los reguladores luchan por encontrar un punto medio que respete tanto los derechos individuales a la privacidad como las necesidades de seguridad nacional, y miles de londinenses se negaron a pagar sus multas.

Para encontrar el equilibrio adecuado, deben desarrollarse leyes y regulaciones exhaustivas que definan claramente el alcance, los límites y el uso permitido de los datos recopilados por las cámaras de radar.

En un mundo ideal, los gobiernos deberían asegurar que los ciudadanos estén bien informados sobre la existencia y el propósito de estos dispositivos. Además, debe haber protocolos estrictos para acceder a los datos, así como su almacenamiento y eliminación, que se revisen regularmente para prevenir el abuso o el acceso no autorizado.

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